La sequía en México
Por J. Eugenio Barrios O.
Director de Área de Agua en Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
Otra crisis del agua se vuelve a presentar en el país, esta vez por los problemas de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Monterrey que han obligado a la empresa pública descentralizada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey” a racionar el agua disponible y atender a la población por medio de tandeos. La causa es la disminución del agua disponible en las presas de La Boca, El Cuchillo y Cerro Prieto que aportan alrededor de la mitad del agua potable a la zona. Esta reducción está asociada a la sequía que se padece en esta época del año y que se acumula a las condiciones padecidas en el 2021.
La sequía se presenta por una menor cantidad de lluvia o por un retraso en su ocurrencia, que puede durar unos meses o varios años. Se trata de un fenómeno natural inevitable que afecta a todos y que únicamente puede enfrentarse mediante una gestión del agua que prevenga y mitigue su impacto. Esto implica la participación coordinada de gobiernos, sectores productivos y ciudadanía.
En el 2013, como respuesta a una de las más intensas sequías de los últimos años (2006-2012), se creó la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones (CIASI) con el objetivo de coordinar las acciones de catorce dependencias del gobierno federal. En el ámbito de esta comisión surgió el Programa Nacional contra la Sequía (PRONACOSE) a cargo de la Conagua, que se desarrolló bajo los principios de prevención, descentralización, gobernanza, capacitación e investigación, gradualidad y evaluación, y coordinación institucional. Como parte del programa se desarrolló en el 2014 el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía Ciudad de Monterrey, N. L. Al parecer esto no fue suficiente.
Actualmente, el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) cuenta con uno de los mejores servicios de agua y saneamiento del país. Presenta una cobertura prácticamente universal, continuidad las 24 horas y muy buena calidad del agua, pocas fugas y un eficiente cobro del servicio. Al parecer esto tampoco ha sido suficiente.
El norte del país es una zona desértica con baja precipitación y que de manera cíclica presenta periodos de sequía extrema. Las condiciones actuales podrían ser el inicio de un nuevo ciclo que puede prolongarse por varios años, principalmente en el norte del país. Ya sea el inicio de un nuevo ciclo de sequía o no, la forma en que enfrentamos esta situación es la “prueba ácida” de la gestión del agua en México. Esta situación habla de la vulnerabilidad de zonas desarrolladas, como sería Monterrey, de la equidad en el acceso al agua, de la eficiencia de las inversiones en infraestructura, del estado de conservación de cuencas y acuíferos, y sobre todo de la capacidad como país para enfrentar los grandes retos que representa la incertidumbre climática, que año con año se hace más evidente.
En una encuesta nacional desarrollada recientemente por Mitofsky sobre la percepción de la gente sobre los servicios de agua en general, y en particular sobre la situación de sequía en Nuevo León, la gente percibe que los culpables de la situación que se vive en Monterrey son el gobierno estatal, el federal, los empresarios y la ciudanía, es decir todos; por otro lado, tres cuartas partes de los entrevistados están conscientes de que es probable que esta situación se presente en su región.
Que la sequía sea un problema de todos y que se entienda que puede presentarse en otras regiones es una percepción muy acertada para construir una conciencia nacional de lucha contra la sequía, que no es más que la gestión integrada del agua que se necesita en México.
A lo largo de los últimos años se ha venido reiterando con gran coincidencia lo que hay que hacer. Actualmente es totalmente aceptado que el principio general es el derecho humano al agua y al saneamiento y para lograrlo hay que: 1) asegurar que todos los mexicanos cuenten con 100 litros de agua por persona al día, y que esta sea accesible y asequible, bajo cualquier circunstancia, en particular ante las sequias; 2) contar con una distribución clara de facultades entre Federación, estados, municipios y la participación de organizaciones sociales y ciudadanía, que procure la concurrencia de todos en la gestión y administración del agua ante la sequía; 3) instituir una regulación, supervisión y control efectivos de los organismos operadores de agua, incluyendo una Entidad Reguladora por Estado, para garantizar su eficiencia, calidad y sustentabilidad y su capacidad para responder ante la sequía; 4) incentivar la innovación tecnológica en todos los aspectos del agua, en particular ante la sequía; 5) incorporar instrumentos que impulsen un uso eficiente del agua, su reúso, reciclaje, sustitución de aguas de primer uso, detenga el abatimiento de los mantos freáticos, y elimine la contaminación de los cuerpos de agua, para resistir las sequías; 6) establecer mecanismos que generen los recursos necesarios para la expansión de la infraestructura hídrica que prevenga y mitigue la sequía; y, 7) echar a andar las acciones de vigilancia y control que garanticen la aplicación de la ley, con especial rigor ante condiciones de sequía.
Todo esto se encuentra ya considerado en el marco legal vigente, que sin duda requiere ser complementado y fortalecido con la Ley General de Agua enfocada en el derecho humano al agua y saneamiento. Esto, pero sobre todo el trabajo de todas las partes es lo que encaminaría al país hacia la sustentabilidad, la seguridad y la competitividad hídricas.
