¿Está México cumpliendo sus compromisos del Acuerdo de Escazú?
Este Acuerdo firmado por 24 países el 4 de marzo de 2018, es un instrumento emanado de la Declaración Sobre la Aplicación del Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) para abordar las cuestiones ambientales con la participación de todas las personas.
Uno de los objetivos del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Este es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Impulsa el multilateralismo de la región latinoamericana y caribeña en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; protege los derechos de todas las personas al acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales (los llamados “derechos de acceso”); establece medidas para facilitar su ejercicio, así como los mecanismos para garantizarlos.
El gobierno de México firmó el Acuerdo el 27 de septiembre de 2018 y el Senado de la República lo ratificó el 5 de noviembre de 2020. Al ser el onceavo país en depositar el instrumento en las Naciones Unidas, el mismo entró en vigor para todos los países miembros el 22 de abril de 2021, el Día Internacional de la Madre Tierra.
El Acuerdo se rige bajo los principios de igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, no regresión y progresividad, buena fe, preventivo, precautorio, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los Estados y el principio pro persona (aplicación de la norma o criterio que más favorezca a la persona).
Aunque México firmó su participación en el Acuerdo, las comunidades con recursos forestales se ven cada vez más afectadas por los problemas de inseguridad. Desde 2019 a la fecha, la cifra de crímenes contra ambientalistas y defensores de áreas protegidas han ido en aumento, 54 personas defensoras fueron asesinadas durante 2021; 40 % de ellas eran indígenas. Ante esta situación, las autoridades correspondientes no tienen la capacidad para brindar una adecuada protección a estas organizaciones o simplemente no les interesa.
Global Witness (ONG internacional fundada en 1993 que trabaja intensamente para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos sociales, la pobreza, la corrupción y los abusos de derechos humanos en todo el mundo), recientemente publicó un informe en septiembre de 2022 donde se coloca a México como el país más peligroso para aquellas personas que defienden el ambiente:
A finales de julio de 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) clasificó como una especie en peligro de extinción a la mariposa monarca que cada invierno migra a los bosques del centro de México.
Además de la mariposa monarca, hay decenas de especies en México que también están en riesgo de desaparecer. Una de ellas es la vaquita marina, que solo se encuentra en el Golfo de California, y varias especies de ajolote, endémico del Valle de México.
De ahí la urgencia de continuar perfeccionando la implementación y aplicación de leyes en materia ambientalista y de derechos humanos. No puede existir progreso mientras no exista un sistema de justicia efectivo que defienda los derechos humanos de aquellos que hoy cuidan el mañana.
