Agenda pendiente de la inversión sostenible en México
Por Ana Cristina Dahik Loor
Profesora del área de Entorno Político y Social de IPADE Business School.
El peso de la conversación alrededor de las finanzas sostenibles a nivel mundial no tiene precedentes. Aunque el debate sobre el uso ético del dinero ha estado en la mesa desde hace siglos atrás, de acuerdo con cifras de Refinitiv Deals Intelligence, durante el año 2021, la emisión de bonos verdes en el mundo ascendió a 488,800 millones de dólares, casi el doble que en 2020. La misma organización afirma que el 2022 fue año récord de emisión de herramientas financieras sostenibles.
El financiamiento sostenible se puede definir como aquel que permite encaminar los flujos de inversión hacia proyectos que tomen en cuenta consideraciones con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). Se trata de inversiones de origen público y privado que promueven desarrollo económico con enfoque de sostenibilidad. Contrario a la inversión tradicional, en el centro de las decisiones de inversión se sitúan el bienestar de las personas y los retornos sobre los ecosistemas y la biodiversidad (Taxonomía Sostenible de México, 2023).
Desde 2020, en México existe el Comité de Finanzas Sostenibles, presidido – entre otras organizaciones – por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicho Comité busca fortalecer la infraestructura nacional en materia de finanzas sostenibles y hacia la movilización de capital. Actualmente, los principales instrumentos en México son las emisiones de bonos temáticos (vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bonos con enfoque de género, entre otros).
El auge de la conversación es una gran noticia. Cada vez existen más y mejores instrumentos para ejecutar el flujo de inversiones sostenibles. No obstante, esto significa que ante el crecimiento sin precedentes conviene también pensar en qué debemos de incorporar a la agenda de inversiones sostenibles en México y el mundo para que esta cumpla la promesa de aportar de forma real al desarrollo sostenible de las sociedades.
Avenidas hacia adelante
Cada vez son mayores los retos que enfrentan las organizaciones en su entorno. Nuevos escenarios geopolíticos, nuevos gobiernos, crisis de agua, el riesgo de una nueva crisis sanitaria por alguna variante nueva de COVID o por otra enfermedad infecciosa. Los principales bancos centrales están subiendo rápidamente los tipos de interés para tratar de contener el aumento de la inflación en la mayoría de los países del mundo (Perspectivas de riesgo para 2023 de la Unidad de Inteligencia de The Economist). Hay nuevos retos y nuevas oportunidades para las organizaciones. Si entendemos las finanzas sostenibles como un vehículo que construye capacidades para transformar estos entornos, es importante que los instrumentos puedan ser dinámicos, ágiles y receptivos de los contextos sociales
y ambientales en los que se implementan.
Uno de los elementos vertebrales de las finanzas sostenibles tiene que ver con la homologación de criterios para identificar qué es una inversión sostenible. ¿Buena o mala idea? Depende. Una de las razones por las que la medición de emisiones y huella de carbono ha resultado tan atractiva para las organizaciones, es por su capacidad para materializar y homologar resultados ambientales. Sin embargo, varios expertos coinciden en que sobre-homologar todos los criterios ASG puede ser riesgoso, pues hoy existe heterogeneidad de contextos en los que se ejecutan las inversiones sostenibles.
Por otro lado, las dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza siguen estando relativamente aisladas entre sí. Entendemos muy poco de los trade-offs reales que existen entre estos tres pilares de la conversación. Por ende, las organizaciones que promuevan las inversiones sostenibles deben también crear estructuras de gobernanza al interior de las organizaciones que permitan tener conversaciones reales y profundas sobre qué significa tener consideraciones ASG en proyectos de inversión sostenible.
La medición es importante, sin embargo, las herramientas normativas pueden ser leídas desde un lente restrictivo. La agenda hacia el futuro debe volver a los anclajes reales de la conversación; entender la inversión sostenible como punto de partida para la innovación social y ambiental que derive en cambios sistémicos positivos para las organizaciones y la sociedad.
