Con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y la protección patrimonial en el ámbito empresarial, Coparmex Ciudad de México, encabezada por Adal Ortiz Ávalos, realizó el foro “La importancia de las UIPES en la prevención de lavado de dinero”, un espacio que reunió a expertos en inteligencia financiera y prevención de delitos económicos.
Durante su participación, Neri Toshiro León Sauza, presidente de la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD), destacó que México es actualmente el único país en el mundo con una red estatal de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES), lo que posiciona al país como pionero en el combate al lavado de dinero desde los niveles locales.
Estas unidades, explicó, analizan los flujos patrimoniales y económicos de empresas y personas a nivel estatal, con el fin de identificar irregularidades como incrementos de patrimonio sin sustento, y reportarlos a las autoridades correspondientes.
León Sauza subrayó que el lavado de dinero no solo está vinculado al narcotráfico, sino también a delitos como la evasión fiscal, la corrupción y el fraude.
El foro fue organizado por la Comisión de Política Fiscal, presidida por Yasmín Avilés Ang, y el Comité de Prevención de Lavado de Dinero, a cargo de Elizabeth Leyva Valdés, con el respaldo de la Vicepresidencia de Estado de Derecho, Democracia y Seguridad, liderada por Leticia Rodríguez Moctezuma. Las organizadoras coincidieron en la necesidad de capacitar al empresariado para identificar riesgos y proteger sus operaciones frente a posibles amenazas financieras.
Entre los especialistas invitados se contó con Gerardo Esquivel Chávez, consultor en derecho penal-financiero, quien enfatizó la importancia de la inteligencia financiera en la toma de decisiones estratégicas dentro del sector privado. A su vez, Benjamín Albores Manzo, ex titular de la UIPE en Puebla, y Grimaldo Cajero Morales, exagente del Ministerio Público Federal, compartieron casos prácticos sobre coordinación entre actores públicos y privados para combatir operaciones ilícitas.
Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una política estructural de prevención, que contemple mejoras en el Registro Público de la Propiedad, mayor transparencia en notarías y regulaciones más estrictas en instituciones financieras.
“El empresario quiere invertir con certeza. Necesitamos brindarle seguridad jurídica, combatir la corrupción y proteger la economía formal”, concluyó León Sauza.
