La seguridad privada en México se encuentra en un punto crítico ante el avance de las reformas en materia de seguridad pública. Aunque recientemente se aprobaron modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, sigue pendiente una legislación clara y armonizada que regule de forma efectiva al sector de la seguridad privada.
Desde la reforma constitucional de mayo de 2021, el Congreso de la Unión ha postergado la emisión de una Ley General de Seguridad Privada, lo que ha derivado en un entorno normativo disperso: una ley federal desactualizada, 32 leyes estatales con criterios divergentes y una multiplicidad de ordenamientos municipales. Este esquema fragmentado ha generado más de 500 contradicciones normativas, propiciando la informalidad, la competencia desleal y la operación de empresas sin certificación ni supervisión adecuada.
Las reformas aprobadas recientemente refuerzan aspectos clave de la seguridad pública, como la inteligencia y la coordinación interinstitucional, pero incurren en el error de incorporar disposiciones sobre seguridad privada en marcos normativos que no le corresponden, creando estructuras híbridas que no aportan certeza jurídica. Estas normas deben estar claramente contenidas en una ley general específica, con estándares homologados y reglas claras de colaboración con la autoridad.
El sector formal de seguridad privada en México genera más de 450 mil empleos y representa el 2% de los registros ante el IMSS. Su profesionalización y crecimiento dependen de contar con un marco legal robusto que impulse la competitividad y facilite la inversión. Además, el sector contribuye con tecnología avanzada como videovigilancia, inteligencia artificial y análisis de datos, herramientas que pueden integrarse de manera efectiva a las estrategias públicas de seguridad.
Un aspecto central de la propuesta de ley es la capacitación y certificación obligatoria del personal de seguridad, con enfoque en derechos humanos y profesionalización continua, elevando la calidad del servicio y la confianza de los usuarios.
La seguridad privada también es clave para la protección de infraestructura crítica y la atracción de inversión nacional y extranjera. Un sector regulado y profesional contribuye a generar condiciones propicias para el desarrollo económico del país.
Por ello, se hace un llamado urgente al Poder Legislativo para que avance en la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada como mandato constitucional. Esta legislación debe establecer una regulación clara, sin duplicidades, que fortalezca la supervisión y fomente la colaboración con las autoridades en todos los niveles.
México necesita una estrategia de seguridad integral, y ello requiere incorporar plenamente al sector privado bajo principios de legalidad, eficacia y transparencia. Es momento de consolidar una seguridad privada moderna, confiable y alineada con los desafíos actuales del país.
