Mientras los líderes mundiales se reúnen en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima, un nuevo informe revela que los países ricos tienen la capacidad de movilizar recursos masivos para enfrentar la crisis climática. Según Oil Change International, las naciones del Norte Global podrían liberar hasta 6.6 billones de dólares cada año mediante la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, la aplicación del principio de “quien contamina paga” y la reforma de normas financieras internacionales.
Un “tesoro oculto” en subsidios y riqueza concentrada
Durante años, los gobiernos de países industrializados han argumentado que los fondos para financiar la transición energética y la adaptación climática son insuficientes. Sin embargo, el informe titulado Podemos pagarlo sostiene lo contrario: los recursos existen, pero permanecen concentrados en mecanismos que perpetúan la desigualdad.
Eliminar subsidios a la industria de combustibles fósiles, establecer impuestos más altos a las grandes corporaciones contaminantes y reestructurar las reglas financieras internacionales permitirían liberar sumas sin precedentes. De acuerdo con el documento, los multimillonarios y directivos de las principales compañías de petróleo y gas acumularon en la última década más de 40 billones de dólares, lo que ilustra la magnitud del desequilibrio.
Justicia climática y responsabilidad histórica
El estudio subraya que estas medidas no solo generarían capital fresco, sino que también corregirían una injusticia histórica: quienes más han contribuido al calentamiento global son, al mismo tiempo, quienes más se han beneficiado económicamente.
Redirigir esos recursos podría financiar proyectos de energías renovables, vivienda accesible, salud universal y programas de adaptación a desastres climáticos. La lógica es clara: la acción climática no está limitada por la falta de dinero, sino por la ausencia de voluntad política para implementar reformas estructurales.
Principio de “quien contamina paga”
La propuesta central del informe es aplicar de manera decidida el principio de que los grandes contaminadores asuman los costos de la crisis. Impuestos especiales, cancelación de deudas consideradas injustas y la terminación de la financiación pública hacia proyectos fósiles son pasos concretos para hacerlo realidad.
El contraste es evidente: mientras millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, escasez de agua y desastres naturales cada vez más frecuentes, las utilidades de las compañías petroleras alcanzan niveles récord. Transformar esta dinámica, sostienen los autores, no es solo un acto de equidad, sino una estrategia indispensable para financiar la acción climática a escala global.
Brecha entre promesas y realidad
Aunque en la COP28 los gobiernos se comprometieron a una transición justa y financiada, los compromisos asumidos distan de cubrir la magnitud del desafío. La falta de financiamiento adecuado mantiene a comunidades enteras en situación de vulnerabilidad.
La investigación advierte que los compromisos actuales de los países ricos no se corresponden con la urgencia de atender a millones de familias afectadas por la crisis climática. Sin un cambio de rumbo, la brecha entre promesas y resultados seguirá ampliándose.
Hacia una gobernanza financiera más democrática
El informe también señala que la reforma de las normas financieras internacionales permitiría al Sur Global acceder a recursos sin depender de la discrecionalidad de los países industrializados. Una gobernanza más democrática en el marco de la ONU se presenta como condición necesaria para que la transición energética y la adaptación climática beneficien a todos.
Un futuro posible si se actúa ahora
La conclusión es contundente: la acción climática no depende de recursos inexistentes, sino de decisiones políticas audaces. Liberar 6.6 billones de dólares anuales es viable y permitiría financiar soluciones concretas, desde la reducción de emisiones hasta la construcción de resiliencia social.
El reto para los países ricos es demostrar coherencia entre su responsabilidad histórica y sus compromisos actuales. La pregunta que queda abierta es si los líderes mundiales estarán dispuestos a reorientar estas enormes reservas hacia la justicia climática y social.
