La corrupción en trámites gubernamentales sigue siendo un problema estructural en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, 14% de la población mayor de 18 años sufrió al menos un acto de corrupción al realizar gestiones o tener contacto con autoridades. Esto equivale a que uno de cada siete ciudadanos ha experimentado esta práctica, con un costo estimado de 11,910.6 millones de pesos, lo que representa un gasto promedio de 3,368 pesos por persona afectada.
La saturación judicial y el impacto económico
El fenómeno se enmarca en un contexto donde la demanda de justicia también evidencia sobrecarga. El Anexo Estadístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reportó que en 2023 ingresaron 208,600 juicios de amparo directo, de los cuales 187,847 egresaron, quedando una existencia final de 137,860 casos. La cifra confirma la relevancia del amparo como herramienta de protección de derechos, pero también la presión que enfrenta el sistema judicial y la demora en los tiempos de resolución.
El desgaste institucional se traduce en un costo social y económico adicional para los ciudadanos, particularmente cuando carecen de documentos en regla o se ven obligados a pagar por trámites correctivos o incluso extraoficiales.
Cultura de la legalidad y prevención
Ante este escenario, Serralde Consultores Jurídicos llamó a fortalecer la cultura de la legalidad como un mecanismo de prevención. Teodoro Serralde, director del despacho, señaló: “Una cultura de la legalidad no se construye únicamente con leyes, sino con ciudadanos informados, responsables y preparados para ejercer sus derechos. Hoy más que nunca, tener documentos en regla y acudir a la asesoría legal adecuada es clave para enfrentar los retos que implican estas reformas”.
El despacho recomienda adoptar medidas concretas para reducir la vulnerabilidad ciudadana frente a la corrupción y los litigios innecesarios, entre ellas:
- Mantener actualizados documentos de identidad y de propiedad.
- Revisar periódicamente contratos laborales, de arrendamiento y de servicios para ajustarlos a la normativa vigente.
- Obtener y cumplir con licencias, permisos o autorizaciones requeridas para actividades económicas.
- Regularizar bienes inmuebles o muebles en registros públicos.
- Actualizar poderes notariales y designaciones legales en caso de incapacidad.
- Buscar asesoría profesional antes de firmar compromisos jurídicos.
Una ciudadanía preparada como defensa
La firma subraya que la eventual reforma a la Ley de Amparo pone de relieve la necesidad de que los ciudadanos asuman un papel activo en la prevención. Más allá de los marcos normativos, la certeza jurídica depende de una ciudadanía informada, capaz de evitar riesgos innecesarios y de contribuir a un entorno más seguro, justo y transparente.
