En las últimas cuatro ediciones de las cumbres climáticas de la ONU, más de cinco mil personas vinculadas a empresas de petróleo, gas y carbón obtuvieron acreditaciones para participar en las negociaciones. La cifra refleja algo más que presencia: revela acceso a espacios donde se deciden compromisos que afectan el rumbo energético del planeta. Todo esto mientras las olas de calor, incendios y sequías se vuelven cada vez más frecuentes.
La investigación que expone estos datos fue elaborada por organizaciones de la sociedad civil que analizan la participación de actores corporativos en el proceso climático. El hallazgo central es incómodo: el mismo sector responsable de impulsar proyectos de expansión fósil ha logrado mantener una silla dentro del proceso multilateral, incluso en discusiones dedicadas a eliminar progresivamente su actividad.
Las cifras ayudan a dimensionar el alcance del fenómeno. Más de 5,300 personas con vínculos directos con hidrocarburos recibieron acreditación bajo el paraguas de 859 organizaciones. Muchas representan a compañías que concentran la mitad de la producción mundial de petróleo y gas. De hecho, las empresas identificadas en este seguimiento produjeron más de 33 mil millones de barriles en 2024. Mientras los países discuten cómo recortar emisiones, estas compañías impulsan nuevos proyectos que les permitirán seguir extrayendo combustibles durante décadas.
Para comunidades y movimientos climáticos, el problema no es solo de números. La presencia de estos grupos altera la simetría de poder dentro de la COP. En la cumbre realizada en Azerbaiyán, por ejemplo, se acreditaron más lobistas fósiles que el total de delegados de los diez países más vulnerables al cambio climático juntos. La conclusión es evidente: quienes enfrentan pérdidas de territorio, agua o cosechas tienen menos representación que quienes lucran con la extracción.
Ante la presión pública, la ONU introdujo una regla para exigir que los participantes declaren quién financia su asistencia. La medida trajo más transparencia, pero dejó una puerta abierta: las compañías pueden integrar delegaciones gubernamentales y entrar a los espacios de negociación como “representantes oficiales” de un país. No necesitan presentarse como industria, ni revelar intereses vinculados a combustibles fósiles.
La situación adquiere una carga aún más simbólica de cara a la próxima cumbre, que tendrá sede en Belém, en plena Amazonía. La región es uno de los principales puntos de absorción de carbono del planeta y, al mismo tiempo, un territorio bajo presión por la expansión petrolera y minera. La presencia confirmada de grandes empresas energéticas dentro de ese encuentro anticipa tensiones: cómo defender el mayor ecosistema tropical del mundo mientras quienes buscan perforarlo tienen acreditación para influir en las decisiones.
El debate ya no gira solo en torno a metas y compromisos. Lo que está en juego es quién tiene derecho a decidir el futuro climático. Si los espacios creados para detener el calentamiento global permiten que los principales promotores de la expansión fósil actúen como negociadores, la credibilidad del proceso queda en entredicho. La discusión de fondo apunta a recuperar el liderazgo de la ciencia y de las comunidades afectadas, sin intermediarios con intereses corporativos que bloqueen el cambio.
