Una nueva iniciativa legislativa en México propone sanciones económicas de hasta 565,700 pesos para patrones y empresas que incurran en actos de discriminación laboral hacia personas que viven con VIH. La propuesta busca modificar la Ley Federal del Trabajo para tipificar esta conducta como infracción grave y penalizar desde la solicitud ilegal de pruebas médicas hasta el hostigamiento o la violación de la confidencialidad. La medida aplicaría en centros laborales de todo el país y utilizaría la Unidad de Medida y Actualización para determinar el monto final de las multas.
El objetivo central es combatir prácticas discriminatorias que persisten en los procesos de contratación, permanencia y ascenso. La iniciativa surge ante el incremento de reportes de violaciones laborales hacia trabajadores con VIH, quienes suelen enfrentar negativas de empleo, despidos injustificados o aislamiento dentro del centro de trabajo. Al elevar las sanciones hasta el equivalente de 5,000 UMA diarias, la propuesta pretende enviar un mensaje disuasivo directo al sector empleador.
Un intento por frenar el estigma en el mercado laboral
En México viven alrededor de 370,000 personas con VIH, la mayoría en edad laboral. Organizaciones civiles han documentado que un porcentaje importante ha enfrentado prácticas discriminatorias, especialmente cuando se revelan datos sobre su estado serológico. Una de las conductas más comunes es la exigencia de pruebas de detección como requisito previo para acceder a un empleo, una práctica prohibida por normativas nacionales.
El impacto del estigma también influye en la salud pública: un número considerable de personas evita realizarse la prueba por temor a consecuencias laborales. La propuesta legislativa busca romper este ciclo de miedo al establecer sanciones más severas para quienes condicionen el empleo a información médica que debe permanecer confidencial.
Conductas que serían sancionadas
La reforma contempla penalizar diversas prácticas consideradas discriminatorias, entre ellas:
- Solicitar pruebas de VIH para ingreso, permanencia o ascenso laboral.
- Tolerar o ejercer violencia, hostigamiento o acoso relacionados con el estado de salud.
- Divulgar información médica sin consentimiento del trabajador.
- Negar permisos o ajustes razonables necesarios para el tratamiento antirretroviral.
Estas conductas pasarían a ser catalogadas como infracciones graves y serían evaluadas mediante inspecciones laborales y procedimientos administrativos.
Un enfoque basado en sanciones económicas claras
El aumento de las multas responde a la intención de establecer consecuencias significativas para las empresas que mantengan prácticas excluyentes. Actualmente, las sanciones por discriminación suelen ubicarse en rangos menores, entre 50 y 250 UMA. La nueva propuesta elevaría la penalización decenas de veces, colocándola en un nivel equivalente a infracciones de mayor gravedad para incentivar cambios reales en el entorno laboral.
Con esta iniciativa, el debate nacional se centra en garantizar que las personas que viven con VIH tengan acceso pleno al derecho al trabajo, sin que su condición de salud represente un obstáculo para su desarrollo profesional. Las sanciones económicas buscan fortalecer la protección legal y disminuir el estigma que aún persiste en el ámbito laboral mexicano.
