El Congreso de México aprobó en diciembre de 2025 una nueva Ley General de Aguas y reformas profundas a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de enfrentar la crisis hídrica del país —marcada por la sobreexplotación, desigualdad en el acceso y presión climática sobre los recursos— y reconfigurar la gestión del agua como un recurso estratégico bajo control estatal.
Qué cambia con la nueva Ley
- Reorientación del marco legal
El agua deja de verse principalmente como una mercancía o derecho transferible sin supervisión para convertirse en un recurso cuyo uso, asignación y gestión están orientados por principios de sostenibilidad, equidad y seguridad hídrica bajo la rectoría del Estado. - Prioridad de uso y gestión pública
Las reformas priorizan el derecho humano al agua para consumo y usos básicos, así como la restauración ambiental, estableciendo jerarquías de asignación que pueden impactar la disponibilidad para usos industriales o comerciales en ciertas cuencas. - Fortalecimiento del control estatal
El Estado, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), concentra mayor autoridad para autorizar, modificar o inscribir concesiones y permisos, cerrando espacios que antes permitían mercados informales de transferencia de derechos. - Nuevos requisitos de cumplimiento
Las empresas tendrán que cumplir con exigencias más estrictas en cuanto a uso, medición, seguimiento y reporte de volúmenes de agua, con un enfoque en la sustentabilidad y la trazabilidad de los recursos que emplean.
Obligaciones y riesgos para las empresas
- Gestión más estricta de concesiones y permisos: Las transmisiones de derechos de agua ya no serán automáticas; se requerirá la aprobación estatal, y en muchos casos la asignación se condicionará a planes de uso y eficiencia hídrica.
- Mayor supervisión y auditoría: Las compañías deberán demostrar que sus prácticas de uso del agua son sostenibles y cumplen con las nuevas normas, lo que puede implicar inversiones en monitoreo, infraestructura eficiente y tecnología de reutilización.
- Riesgo operativo y de continuidad de negocio: Sectores intensivos en agua, como manufactura, agricultura, minería, energía y procesamiento de alimentos, pueden enfrentar menores volúmenes disponibles o mayores costos si no adaptan sus procesos.
Tensiones y debate sectorial
La reforma ha generado debates relevantes en el sector productivo. Organizaciones empresariales del campo y la minería han advertido que algunos cambios podrían dificultar inversiones o incluso afectar la viabilidad de proyectos en zonas con escasez de agua.
Por otro lado, autoridades defienden que la nueva legislación combate el acaparamiento ilegal de derechos, pone orden en la gestión del recurso y da certidumbre jurídica al consumo para distintos usos, siempre bajo un marco técnico y de equidad.
Para qué se diseñó la Ley
El objetivo declarado de la reforma es ordenar, proteger y garantizar el acceso al agua para todos los mexicanos, atendiendo tanto la creciente demanda de consumo humano como las necesidades ambientales y productivas en un contexto de cambio climático y estrés hídrico.
