La empresa de infraestructura Aleatica incorporó un enfoque de derechos humanos y debida diligencia en el desarrollo y operación de la autopista Atizapán–Atlacomulco, con el objetivo de identificar, prevenir y mitigar posibles impactos sociales derivados del proyecto. Este enfoque forma parte de su estrategia de sostenibilidad y se aplica desde la fase de diseño hasta la operación de la vía.
La autopista Atizapán–Atlacomulco es un corredor de 77 kilómetros que conecta el centro del país con rutas logísticas hacia el Bajío y el Pacífico. El proyecto representa una inversión superior a 25 mil millones de pesos y busca mejorar la conectividad regional, además de aliviar la congestión del corredor México–Querétaro.
Evaluación de impactos en derechos humanos
Como parte de este modelo, la concesión realizó una evaluación específica de impactos en derechos humanos, desarrollada con el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey. El estudio identificó 41 posibles impactos relacionados con 17 derechos reconocidos internacionalmente, lo que permitió definir medidas de prevención para trabajadores, comunidades cercanas y grupos vulnerables.
Entre los grupos considerados en el análisis se encuentran comunidades indígenas mazahuas y otomíes del Estado de México, para quienes se establecieron acciones orientadas a proteger derechos colectivos, promover condiciones laborales dignas y fortalecer el diálogo comunitario.
Capacitación y diálogo con comunidades
El proyecto también incluye capacitaciones en derechos humanos para colaboradores y contratistas, realizadas en municipios como Jilotzingo y Atlacomulco. Estas actividades buscan fortalecer una cultura de prevención, ética laboral y respeto a las comunidades donde se desarrolla la infraestructura.
Además, Aleatica implementó un Mecanismo de Atención Comunitaria (MAC) que permite gestionar quejas, peticiones o inconformidades de manera transparente y sin represalias. Este sistema se alinea con estándares internacionales como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y lineamientos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
Infraestructura con enfoque social
Con este modelo de debida diligencia, la empresa busca reforzar una visión de infraestructura centrada en las personas, en la que los proyectos de movilidad integren criterios sociales, ambientales y de gobernanza desde su planeación.
Según la compañía, incorporar derechos humanos en la gestión de la infraestructura permite anticipar riesgos, fortalecer la relación con las comunidades y promover un desarrollo más sostenible en los territorios donde opera.
