La discusión sobre el fracking volvió al centro de la agenda energética en México después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara la posibilidad de explotar gas en yacimientos no convencionales con tecnologías que, según su gobierno, reducirían el impacto ambiental. El giro fue presentado esta semana como parte de una estrategia para bajar la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, en un país que hoy compra alrededor de 6.8 mil millones de pies cúbicos diarios de los 9 mil millones que consume.
La propuesta no consiste en crear una nueva figura legal ni en una reforma constitucional inmediata. Lo que Sheinbaum ha dicho es que se evaluarán métodos de fractura hidráulica con menor uso de químicos, con agua no potable o reutilizada y bajo revisión de un comité técnico. En ese punto, el gobierno ha insistido en que no se trata del fracking “de antes”, sino de tecnologías que buscarían reducir daños en comparación con los métodos convencionales.
El cambio es relevante porque rompe con la posición que la propia Sheinbaum había sostenido durante años y también con la línea pública del sexenio anterior. Reuters reportó que la presidenta defendió ahora el uso de métodos más limpios para extraer gas, mientras medios como El País documentaron que el gobierno ya incorporó esta ruta dentro de su estrategia de soberanía energética y que Pemex prevé avanzar en producción a partir de 2027.
El punto más controvertido está en la viabilidad ambiental del concepto. Organizaciones y especialistas citados en la cobertura reciente sostienen que no existe un “fracking sustentable” en sentido estricto, porque la técnica sigue implicando presión hídrica, uso de insumos químicos, riesgo de contaminación y expansión de la frontera fósil. Incluso cuando se reduzcan algunos impactos operativos, el debate de fondo sigue siendo si México debe apostar por extraer más gas o acelerar la transición hacia fuentes no fósiles.
A eso se suma un factor político. La apertura al fracking ha generado tensión dentro del propio bloque gobernante, porque contradice promesas previas de campaña y revive una discusión que Morena había intentado cerrar con propuestas de prohibición. Hoy el debate ya no está en si la técnica existe o no en México —Reuters recordó que Pemex la ha usado durante años en algunos campos—, sino en si el gobierno está dispuesto a normalizarla bajo un nuevo discurso de menor impacto.
La apuesta oficial parte de una necesidad concreta: reducir la vulnerabilidad energética frente al suministro de gas de Estados Unidos. Pero la discusión ambiental sigue abierta. Por ahora, el gobierno habla de evaluación técnica y de métodos “más amigables”; del otro lado, las críticas apuntan a que cambiar la tecnología no elimina el hecho central de que el fracking sigue siendo una técnica de extracción fósil con costos ambientales difíciles de resolver del todo.
