Meta recibió en marzo uno de los golpes judiciales más severos de su historia reciente, luego de que un jurado en Nuevo México concluyera que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de Facebook e Instagram y permitió que ambas plataformas fueran utilizadas para facilitar la explotación sexual infantil. El veredicto impuso una sanción civil de 375 millones de dólares y marcó la primera gran derrota de la compañía ante un jurado en un caso de esta naturaleza.
El caso no surgió de un solo incidente, sino de una acumulación de investigaciones, denuncias penales y documentación judicial revisada durante años. Una de las indagaciones que más ayudó a exponer la dimensión del problema fue la publicada por The Guardian, que reconstruyó cómo traficantes y compradores sexuales usaban herramientas de Facebook e Instagram para identificar adolescentes vulnerables, contactarlas por mensajes privados y negociar su explotación. Ese trabajo periodístico, publicado inicialmente en 2023 y ampliado en 2026, fue citado dentro del proceso que terminó en el juicio en Nuevo México.
La evidencia presentada en el juicio mostró un patrón repetido. Los agresores observaban la actividad pública de menores en redes, detectaban señales de conflicto familiar, aislamiento o necesidad económica y después trasladaban el contacto a Messenger o a los mensajes directos de Instagram. Ahí comenzaban procesos de grooming, manipulación emocional y coerción que, según la fiscalía, en muchos casos terminaban en explotación sexual comercial. El expediente también incluyó cuestionamientos a la capacidad de Meta para detectar esos patrones y actuar a tiempo, aun cuando existían advertencias internas y reportes previos sobre el riesgo.
Uno de los aspectos más duros del caso fue la dimensión humana detrás de los documentos judiciales. La investigación de The Guardian recogió testimonios de especialistas y sobrevivientes que explicaron cómo Instagram era usada para acercarse a adolescentes mediante promesas de apoyo, halagos o pequeñas transferencias de dinero antes de pasar al control y la explotación. Entre los casos relatados aparece el de una menor identificada como “Maya”, cuya historia se convirtió en uno de los ejemplos más citados sobre la rapidez con la que una interacción digital podía derivar en abuso, suministro de drogas y muerte.
Durante el juicio, Meta sostuvo que seguiría defendiéndose y apelaría la resolución. La empresa argumentó, entre otras cosas, que la Sección 230 de la legislación estadounidense y otras protecciones legales limitan la responsabilidad de las plataformas por contenidos o acciones de terceros. Sin embargo, el jurado en Nuevo México concluyó que la discusión no se reducía al contenido publicado por usuarios, sino también a la manera en que la empresa presentó la seguridad de sus plataformas y respondió a señales de riesgo para menores.
El fallo no cierra el frente judicial para la tecnológica. Reuters reportó que el caso entrará en una segunda fase, en la que el estado de Nuevo México buscará medidas adicionales para forzar cambios en la plataforma, incluida la posibilidad de nuevas obligaciones vinculadas con verificación de edad, moderación y protección infantil. Por eso, la condena de 375 millones de dólares no solo representa una sanción económica: también abre un precedente que puede influir en futuras demandas contra Meta y otras compañías tecnológicas por daños relacionados con menores de edad.
