En México, 17.1 millones de personas subordinadas y remuneradas trabajan sin un contrato laboral por escrito, una condición que no elimina por sí sola sus derechos, pero sí las deja en una posición de mayor vulnerabilidad ante conflictos de despido, salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. El dato fue retomado esta semana en una nueva discusión sobre formalización laboral y coincide con un contexto más amplio en el que la informalidad sigue afectando a 33 millones de personas ocupadas, equivalentes a 54.8% del total en febrero de 2026.
La ausencia de contrato escrito no significa que la relación laboral no exista. En la práctica, lo que cambia es la facilidad para probar sus condiciones. Cuando no hay documento firmado, se vuelve más difícil acreditar con claridad jornada, sueldo pactado, funciones, antigüedad o beneficios acordados, algo que termina afectando tanto a trabajadores como a empleadores cuando aparece una disputa. La cobertura reciente sobre el tema subraya justamente eso: el problema no es solo de forma administrativa, sino de certeza jurídica en millones de relaciones laborales.
El dato también ayuda a dimensionar el rezago de formalización en el país. Según el INEGI, en febrero de 2026 la población ocupada en la informalidad laboral llegó a 33.0 millones de personas, mientras que la ocupación en el sector informal se ubicó en 17.9 millones. Eso significa que la falta de contrato escrito convive con un escenario más amplio de empleo sin seguridad social, sin acceso pleno a prestaciones o con esquemas laborales de baja protección.
En el fondo, el problema no se limita a trabajadores en micronegocios o empleos de baja calificación. La falta de contrato también aparece en empresas formales que mantienen relaciones laborales sin documentación suficiente, ya sea por omisión, por desorden administrativo o por la idea equivocada de que mientras exista pago regular no hace falta dejar por escrito las condiciones. Esa práctica reduce transparencia, complica la gestión interna y eleva el riesgo legal cuando hay rotación, despidos o inspecciones.
El panorama se vuelve más relevante porque México llega a esta discusión con una tasa de desocupación relativamente baja, de 2.6% en febrero de 2026, pero con problemas persistentes de calidad del empleo. Es decir, el reto no está solo en cuántas personas tienen trabajo, sino en qué tan protegido, estable y documentado está ese trabajo.
Visto en conjunto, la cifra de 17.1 millones de personas sin contrato escrito muestra que una parte importante del mercado laboral mexicano sigue operando con niveles débiles de certeza. Y eso vuelve más frágil la relación entre empresa y trabajador justo en lo más básico: qué se pactó, cuánto se paga, qué derechos existen y cómo se hacen valer.
