México mantiene una recaudación por impuestos ambientales inferior al promedio de los países de la OCDE, en un momento en que la transición energética y los nuevos mecanismos de precio al carbono están modificando la relación entre fiscalidad, emisiones y competitividad empresarial.
De acuerdo con datos retomados por ESG Expansión, los ingresos derivados de impuestos ambientales representan 1.32% del PIB en México, frente a un promedio de 1.78% entre los países de la OCDE.
La diferencia es mayor frente a economías como Eslovenia, donde estos ingresos equivalen a 3.07% del PIB, Grecia con 2.86% e Italia con 2.68%.
Los impuestos ambientales abarcan un conjunto más amplio que los gravámenes directos al carbono. Incluyen cargas relacionadas con combustibles y energía, vehículos y transporte, contaminación, residuos y determinados recursos naturales.
Energía concentra la mayor parte de la recaudación
En México, la mayor parte de estos ingresos proviene del sector energético.
Del 1.32% del PIB recaudado mediante impuestos ambientales, alrededor de 1.20% corresponde a gravámenes relacionados con energía, mientras que apenas 0.12% proviene de impuestos vinculados con transporte.
Esta composición muestra una fuerte dependencia de los combustibles y del consumo energético dentro de la estructura fiscal ambiental del país.
La OCDE utiliza el indicador Environmentally Related Tax Revenue para medir estos ingresos en relación con el tamaño de cada economía. El resultado no depende únicamente de las tasas aplicadas, sino también de las actividades sujetas a impuestos y de los niveles de consumo.
El precio efectivo del carbono sigue por debajo del promedio
Otro de los elementos que explica la brecha se encuentra en la forma en que México grava las emisiones.
El país introdujo un impuesto al carbono en 2014, pero la OCDE señala que su cobertura continúa limitada a determinados combustibles fósiles y que las tasas aplicables siguen siendo relativamente bajas.
Bajo la estructura actual, combustibles como el gas natural y la gasolina quedan efectivamente exentos del impuesto al carbono.
La diferencia también aparece en la tasa efectiva neta aplicada a las emisiones. En 2023, México registró un precio equivalente a 21.6 euros por tonelada de CO2, frente a un promedio de 76 euros entre los países de la OCDE.
El organismo considera que ampliar la base del impuesto al carbono y ajustar las tasas podría aumentar los ingresos fiscales de México en un monto equivalente a hasta 1.8% del PIB.
La transición energética también reduce ingresos fiscales
El comportamiento de México forma parte de un cambio más amplio dentro de la OCDE.
La recaudación ambiental promedio de sus países miembros pasó de representar aproximadamente 1.8% del PIB en 2000 a 1.3% en 2023.
Esta reducción responde en parte a la pérdida de valor real de impuestos establecidos como cantidades fijas por litro de combustible, pero también a transformaciones estructurales.
La transición hacia tecnologías menos intensivas en carbono, el aumento de la eficiencia energética y la incorporación de vehículos que consumen menos combustible reducen progresivamente algunas de las bases tributarias tradicionales.
Esto plantea un nuevo desafío para los gobiernos: conforme avanza la descarbonización, ciertos impuestos diseñados alrededor del consumo de combustibles fósiles pueden perder capacidad recaudatoria.
El carbono comienza a influir en el comercio
Frente a este escenario, diferentes países están ampliando los instrumentos destinados a poner precio a las emisiones.
Durante 2025, distintas economías elevaron sus tasas de carbono o extendieron su cobertura, según el informe Tax Policy Reforms 2026 de la OCDE.
La tendencia también está llegando al comercio internacional.
Desde el 1 de enero de 2026, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, conocido como CBAM, entró en su régimen definitivo.
El sistema contempla certificados asociados con las emisiones incorporadas en productos como acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
Su costo está vinculado con el precio del carbono dentro del mercado europeo y puede considerar los pagos realizados previamente en el país de origen.
Nuevas implicaciones para las empresas mexicanas
Para las compañías mexicanas, estos cambios significan que la gestión de emisiones puede comenzar a tener un impacto cada vez más directo sobre sus costos y competitividad.
Esto resulta especialmente relevante para empresas exportadoras o aquellas que participan en cadenas de suministro internacionales sujetas a requisitos climáticos.
La huella de carbono deja así de ser únicamente un indicador ambiental y comienza a adquirir una dimensión financiera y comercial.
Una empresa con mayores emisiones puede enfrentar costos adicionales en mercados donde el carbono tenga un precio explícito, mientras que aquellas que reduzcan su intensidad de emisiones podrían mejorar su posición frente a determinados compradores o regulaciones.
México recauda actualmente menos por impuestos ambientales que el promedio de la OCDE, con una estructura concentrada principalmente en energía y un precio efectivo del carbono todavía reducido.
El reto hacia adelante será adaptar la política fiscal a una economía donde los combustibles fósiles pierden peso y las emisiones adquieren mayor relevancia dentro de las relaciones comerciales. Para las empresas, esto implica incorporar cada vez más el carbono dentro de sus decisiones de inversión, costos y estrategia de competitividad.
