Déficit de ciudadanía
Por Raúl Franchi Martínez Moreira
En 1969, pronunció Henry Ford estas palabras en un discurso en la Harvard Business School: “Están cambiando los términos del contrato entre la industria y la sociedad… Ahora se nos pide servir un abanico más amplio de necesidades humanas y aceptar obligaciones con personas con quienes no tenemos ningún tipo de relación comercial”.
Esta «miopía de la responsabilidad» hunde sus raíces en los círculos académicos y los mismos empresarios, o dirigentes profesionales, no parecen percibir que la mayor responsabilidad de su empresa es su función primaria y no sus contribuciones sociales extraordinarias.
Siendo las empresas sostén de la prosperidad material de la comunidad política, los tributos que generan tienen el fin de aliviar la inequidad, requisito para alcanzar un orden social justo. En este sentido, los gobiernos se han erigido como un instrumento de justicia social sostenido económicamente por las empresas. Que se alcance o no un orden justo depende, sobre todo, del buen uso de estos recursos y del clima favorable para la inversión y el crecimiento de las empresas, fuente de una tributación también creciente.
Si la causa sustancial de la pobreza en el mundo es la avaricia de las empresas, es necesario reformarlas moralmente y en esto los gobiernos tendrán que obligarlas. Si el problema es el manejo público de los tributos, es necesario reformar moralmente a los gobiernos y las empresas tienen que exigir las correcciones pertinentes.
Ante el desenlace democrático, resulta imperativo emprender una profunda reforma política basada en un pacto tributario real. En este esfuerzo, las empresas tienen un papel protagónico por tres razones: en primer lugar, porque son las asociaciones que generan valor económico y por tanto son fuente primaria de los tributos; en segundo lugar, porque poseen una influencia potencial que les confiere una responsabilidad proporcionalmente ampliada; por último, porque son objeto de escarnio como grandes evasoras, a la vez que los gobiernos y las complejidades burocráticas disfrazan el valor real de sus aportaciones, más que suficientes para eliminar de un plumazo el lacerante problema de la pobreza.
Toda democracia moderna necesita superar su déficit de ciudadanía. Esto requiere de profundos cambios culturales, educativos y en los hábitos personales, así como la creación de nuevas instituciones políticas y mecanismos de participación. Para construir la nueva sociedad, no obstante, el tiempo apremia y los recursos se dilapidan sin piedad, por lo que resulta urgente la participación de las instituciones de la sociedad.
Un escenario de esta magnitud sólo es posible a través de un nuevo pacto constitucional tributario dentro de cada nación. Se trata, en efecto, de hacer realidad el viejo sueño del contrato social, pero efectivo, esta vez desde la sociedad misma impulsada por sus empresas y no así desde escritorios burocráticos que no merecen confianza alguna.
