Reformas a la Ley Federal para el control de precursores químicos, el gran reto de las autoridades

Alberto Campos Vargas, Socio del Grupo de Industria de Ciencias de la Vida del despacho Sánchez Devanny

Durante los últimos años el tráfico de fentanilo se ha incrementado considerablemente, lo que ha generado una serie de problemas, incluso de orden diplomático, entre México y, particularmente, Estados Unidos. Debido a esto, las autoridades mexicanas presentaron diversas modificaciones y reformas a las leyes nacionales, para poner mayor control a estas substancias.

Específicamente la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, la cual ahora le da mayor poder a las instituciones para controlar los diversos procesos que tienen que ver con este tipo de químicos, además de evitar su importación, almacenaje, comercialización y desvío.

Dicha droga sintética se encuentra en el mercado ilegal de substancias prohibidas, pero es fabricada con componentes que pueden tener un uso legal, ya que están presentes en muchas industrias, como la farmacéutica, cosmética, productos de limpieza, productos para manufactura, entre otros.

De acuerdo con Alberto Campos Vargas, Socio del Grupo de Industria de Ciencias de la Vida del despacho Sánchez Devanny, “nos encontramos con un caso en donde, por buscar hacer algo positivo, sin el análisis previo necesario, se va a afectar a la industria legal, que no tiene relaciones comerciales con el crimen organizado o con personas físicas o morales que lleven a cabo actividades con un corte de naturaleza ilegal”.

Con las modificaciones, la ley establece de una forma más clara quiénes son las personas que estarán sujetas a su cumplimiento, por lo que las organizaciones tendrán que llevar a cabo ciertos controles, así como registros en la comercialización de sus productos.

En este sentido, las empresas deberán establecer de forma expresa su objeto social, y estar al tanto de lo que requieran las autoridades, ya que se pueden dar diversos cambios administrativos, que no necesariamente se publican en el Diario Oficial de la Federación.

Además, tendrán la obligación de recabar información de las personas con las que lleven a cabo operaciones reguladas, por ello es importante que establezcan procesos y lineamientos internos sobre lo que se debe cumplir.

Tradicionalmente existen productos o de mercancías que, con base en su clasificación arancelaria y naturaleza, sólo pueden importarse o exportarse a través de algunas aduanas. Con la reforma, ya no podrán ser llevadas a cabo las operaciones de importación, y seguramente esto derivará en costos logísticos.

Dentro de dichas reformas, se establece que un número importante de autoridades serán parte de la verificación del cumplimiento y la implementación de esta ley, la más relevante será la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quién dentro de sus principales actividades, estará el solicitar a las personas físicas o morales información, documentación y datos relacionados con las actividades reguladas que lleven a cabo.

“Esto parecería algo sencillo, pero no necesariamente tienen actualmente estas facultades, ahora, la Cofepris también estará a cargo de confirmar la veracidad y concordancia de las actividades que se reporten, lo cual va a ser sumamente complejo porque la actividad comercial o industrial puede no ser tan clara, o tan transparente como la autoridad quisiera que fuera”, agregó Campos Vargas.  

De igual forma, los ajustes a la ley establecen ciertas infracciones, una de las más relevantes, específicamente en el Art. 24, dice que en el caso de aquellas personas morales que realicen actividades reguladas, no incluidas en su objeto social, se les impondrá una multa por el equivalente al 10% de los ingresos obtenidos con dichas actividades.

Desde el punto de vista del especialista Alberto Campos, “es muy interesante analizar este artículo porque los productos químicos pueden ser utilizados por muchísimos tipos de empresas e industrias, y ahora si yo no tengo una referencia específica en mi objeto social, al uso o necesidad de estos productos, que van a ser cambiantes, me puedo hacer sujeto a una sanción económica, y va a ser sumamente difícil que la autoridad sanitaria tenga las facultades para determinar cuáles son los ingresos específicos que tiene la empresa por estas actividades”.

Por la parte penal, existen disposiciones que establecen delitos específicos, en el caso de las personas que desvíen o hagan uso de precursores químicos o químicos esenciales, tendrán sanciones que van de 10 a 15 años de prisión, y una multa equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por dichas actividades. En el caso de las personas que falsifiquen o alteren autorizaciones, permisos de exportación, entre otros, tendrán una pena de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta el 10% del total de los ingresos.

Las modificaciones entraron en vigor el día 4 de mayo, al día siguiente de su publicación, lo cual implicará que las empresas tengan complicaciones para implementar todos los requisitos y ajustar sus estructuras corporativas, documentos, controles logísticos, entre otros. Será un gran reto, tanto para las organizaciones, como para los abogados de estas, que tendrán que entender la aplicación y el alcance.

Acerca de Sánchez Devanny

Fundado en 1996, es el despacho de consultores legales mexicanos especializados en las principales industrias con experiencia internacional y asesoría mediante soluciones integrales disruptivas con transparencia, ética e inclusión. Tiene oficinas en México, Monterrey y Querétaro, y alianzas internacionales a través de las cuales atiende a sus clientes locales y globales. Su equipo está conformado por 115 abogados y 18 Socios en las prácticas de Ciencias de la vida, Comercio exterior y aduanas, Competencia económica, Corporativo y transaccional, Datos personales y tecnologías de la información, Energía, recursos naturales y ambiental, Financiamiento corporativo y de proyectos, Fiscal, Gestión Patrimonial y planeación sucesoria, Gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, Inmobiliario, infraestructura y hotelería, Laboral, seguridad social y migratorio, Litigio y medios alternativos de solución de controversias, Mercado de Capitales, y Propiedad intelectual, entretenimiento y deportes.