El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) de la ONU reconoce las reformas legales e institucionales impulsadas desde 2019 en México, pero alerta que sin aplicación efectiva y cambio cultural no se erradica la discriminación de fondo.
Aunque se han aprobado leyes para garantizar la igualdad sustantiva y combatir la violencia de género, el sistema judicial carece de perspectiva feminista: la selección y capacitación de jueces no asegura sensibilidad en casos de feminicidio, esterilización forzada o desapariciones.
El informe también denuncia el incremento de agresiones contra periodistas, defensoras de derechos humanos y buscadoras de desaparecidos. Reclama protocolos de protección con presupuesto suficiente y reconocimiento oficial de estas labores como defensa de derechos humanos.
El Cedaw subraya la urgencia de atender la discriminación interseccional que sufren mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de diversidad sexual y trabajadoras sexuales. Advierte que sin medidas específicas para cada grupo, las políticas siguen excluyéndolas.
Las víctimas de violencia vicaria y doméstica enfrentan recortes en refugios y centros de justicia, lo que agrava su abandono institucional. El Comité insta a destinar recursos adecuados para garantizar refugio, asesoría legal y recuperación de la custodia de sus hijos.
El diagnóstico es contundente: las leyes mexicanas existen, pero su aplicación desigual y simbólica perpetúa la discriminación. Erradicarla requiere transformar patrones socioculturales, reforzar la justicia con enfoque de género y poner en el centro a las mujeres reales y diversas que continúan exigiendo dignidad y seguridad.
