El INEGI reporta que en 2024 más de 18.9 millones de mexicanos —el 21 % de los internautas de 12 años o más— sufrió alguna forma de ciberacoso. De ellos, el 39.8 % fue agredido por WhatsApp y el 39.7 % por Facebook, plataformas de uso cotidiano que, en lugar de acercar a las personas, se han convertido en vehículos de violencia digital.
La prevalencia es mayor entre mujeres (22.2 %) que entre hombres (19.6 %), y más de la mitad de las mujeres que identificó al agresor señaló que se trataba de un hombre. El miedo arrecia con especial fuerza en las víctimas femeninas: el 34.5 % de ellas experimentó temor tras el hostigamiento, frente al 16 % de los hombres.
El anonimato potencia la impunidad: el 62.9 % de los encuestados no supo quién los acosaba, y solo el 11.2 % presentó denuncia formal. La mayoría optó por bloquear al agresor (66.6 %) o ignorar el acoso (14.1 %), lo que revela la urgencia de reforzar los canales de denuncia y la capacitación de las autoridades en derechos digitales.
El impacto emocional va más allá de la pantalla. Las víctimas reportaron principalmente enojo (58.6 %), desconfianza (36.7 %) e inseguridad (30.1 %), emociones que pueden desembocar en aislamiento, depresión o abandono de la escuela y el trabajo. En estados como Yucatán (29.7 %), San Luis Potosí (26.9 %) e Hidalgo (26.2 %), donde la exposición al acoso es especialmente alta, hace falta impulsar campañas de prevención y marcos legales más eficaces.
Aunque el 74.2 % de los usuarios adoptó al menos una medida de seguridad —cifrada en contraseñas por el 95.9 %—, solo el 19.7 % instaló o actualizó antivirus y cortafuegos. La protección técnica es indispensable, pero resulta insuficiente sin una educación digital que promueva el consentimiento, establezca límites claros en la comunicación y fomente la denuncia.
Combatir el ciberacoso en México demanda una respuesta compartida: empresas tecnológicas que mejoren la moderación de contenido y ofrezcan soporte emocional a las víctimas; escuelas que incluyan la alfabetización digital en sus planes; y autoridades que garanticen la investigación y sanción de agresores. De lo contrario, seguiremos reproduciendo offline las violencias que el entorno virtual multiplica.
