La informalidad laboral en México alcanzó en junio de 2025 su nivel más alto en años: 33 millones de personas ocupadas carecen de un contrato formal, prestaciones o seguridad social, según datos del INEGI. Esa cifra equivale a más de la mitad de los 60.2 millones de trabajadores del país y confirma una escalada mes a mes: en enero eran 32.2 millones, en febrero 32.3, en marzo 32.5, en abril 32.7 y en mayo 32.9.
Aunque la tasa de desocupación cayó ligeramente, el crecimiento sostenido de la informalidad expone un problema estructural que trasciende la falta de oportunidades: jornadas excesivas, salarios bajos, ausencia de protección ante enfermedad o vejez y obstáculos para la movilidad social. En los últimos cinco años, la proporción de empleo informal se ha mantenido por encima del 53 %, con un pico de 55.8 % en 2022; para 2025 alcanzó el 54.8 % de la Población Económicamente Activa.
La causa principal es la incapacidad del mercado formal para absorber cada año al menos un millón de nuevos trabajadores. Sectores con gran potencial de generación de empleo, como la industria manufacturera y los servicios, enfrentan altos costos fiscales, baja productividad y trámites complejos, lo que desalienta la contratación. La falta de incentivos a la formalización y el apoyo insuficiente a micro y pequeñas empresas agravan la situación.
La informalidad afecta especialmente a mujeres, jóvenes y personas con niveles educativos bajos. Al carecer de redes de seguridad y oportunidades de capacitación, estos grupos permanecen atrapados en empleos precarios. Esa desigualdad se traduce en brechas salariales, menor acceso a servicios sociales y una protección muy limitada frente a crisis económicas o de salud.
Frente a este desafío, las empresas tienen la responsabilidad de promover la formalidad mediante inversión en talento, adopción de buenas prácticas laborales y apoyo a proveedores para regularizar sus operaciones. El gobierno, por su parte, debe simplificar trámites, ofrecer incentivos fiscales y fortalecer un sistema de seguridad social universal que no dependa exclusivamente de la formalidad.
La informalidad laboral en 2025 es más que un reto estadístico: es un síntoma de las fallas de un modelo que promete desarrollo pero deja fuera a la mayoría de los trabajadores. Reducir esos 33 millones de empleos sin derechos exigirá la cooperación decidida de sector público, privado y sociedad civil, con políticas integrales y un enfoque que ponga a las personas en el centro. Solo así el trabajo dejará de ser una forma de subsistencia para convertirse en un verdadero motor de progreso.
