Un estudio elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (INDESIG) y Oxfam México reveló que la concentración de ingresos en el país sigue siendo crítica: de cada 100 pesos generados, 35 terminan en manos del 1% más rico, mientras los hogares más pobres apenas alcanzan 2%.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el contraste es contundente. El decil más pobre percibe en promedio 2,168 pesos mensuales, mientras que el ingreso per cápita del 1% más rico asciende a 958,777 pesos. Esto representa 44 veces más que el promedio nacional y hasta 442 veces más que el primer decil.
Aunque los ingresos promedio de los hogares crecieron 18.7% entre 2018 y 2024, la desigualdad se mantiene intacta, ya que los sectores más acaudalados también aumentaron sus recursos en la misma proporción. “El resultado es una estructura económica que perpetúa las brechas sociales y limita la movilidad”, advierte el informe ¿Derechos o Privilegios? Una mirada a la ENIGH 2024 desde las Desigualdades.
Diferencias en el gasto y acceso a derechos
Entre 2022 y 2024, el gasto promedio de los hogares subió 9%, por encima de la inflación de 5.85%. Sin embargo, el destino de ese gasto marca la diferencia: mientras los hogares con menores ingresos destinan gran parte a alimentación y renta, los más ricos lo invierten en educación, transporte privado y esparcimiento, fortaleciendo así su posición económica.
Impacto social y económico
La concentración del ingreso no solo afecta la equidad social, sino también la estabilidad económica. Expertos señalan que sociedades con altos niveles de desigualdad suelen presentar menor productividad, mayor conflictividad social y riesgos políticos. Además, el limitado acceso a educación superior, salud y seguridad social para la mayoría de la población dificulta romper el círculo de la pobreza.
Hacia un modelo más inclusivo
Oxfam México e INDESIG destacan la necesidad de reforzar políticas fiscales progresivas, cerrar espacios a la evasión y mejorar la eficiencia del gasto público. Asimismo, llaman al sector privado a impulsar empleos dignos, prácticas de responsabilidad social y salarios justos que contribuyan a reducir la brecha económica.
La desigualdad, concluyen los especialistas, es un problema estructural e impostergable. Atenderla requiere la acción conjunta de gobierno, empresas y sociedad civil, con el objetivo de que el crecimiento económico beneficie a todos y no solo al 1% más rico.
