El 17° Congreso Internacional de Transporte concluyó el 8 de mayo en la Ciudad de México con un mensaje claro para autoridades, legisladores, operadores y sociedad: el transporte público de pasajeros atraviesa una crisis que ya no puede atenderse con medidas aisladas, sino con presupuesto suficiente, visión de largo plazo y una agenda menos politizada.
Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, Jesús Padilla Zenteno, presidente de Grupo CISA y fundador de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, planteó que la movilidad debe ser entendida como un componente central de la política social. No como un tema secundario ni como un asunto exclusivo de operadores, sino como un servicio que incide todos los días en la calidad de vida de millones de personas.
Padilla fue directo al señalar que el transporte público necesita recibir el presupuesto que merece. Recordó que la movilidad está reconocida en el artículo cuarto constitucional y que, bajo esa lógica, las autoridades deben actuar con mayor claridad, institucionalidad y compromiso. Su llamado no fue a favor de privilegios para el sector, sino a favor de una política pública capaz de responder a una necesidad básica de la población.
Uno de los puntos más relevantes de su mensaje fue la relación entre transporte y tiempo. Para Padilla, mejorar los sistemas de movilidad también significa devolverle horas de vida a las personas, reducir traslados desgastantes y facilitar el acceso al trabajo, la educación, los servicios y las actividades cotidianas. Por eso insistió en que la sociedad también debe exigir más y mejores servicios.
La discusión se amplió con la participación de Diego Monraz, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y secretario de Transporte de Jalisco, quien advirtió que América Latina invierte cerca del 1% del PIB en infraestructura, cuando organismos internacionales recomiendan destinar al menos 5% para cerrar brechas de movilidad. A su juicio, el transporte público eficiente no debe verse como gasto, sino como inversión productiva.
Monraz también puso sobre la mesa un punto que suele generar resistencia: la necesidad de una tarifa justa acompañada de subsidios. Aclaró que subsidiar el transporte no significa subsidiar al transportista ni enriquecer al empresario, sino apoyar al usuario para que pueda llegar a sus destinos y cubrir sus necesidades diarias.
En la misma línea, Nicolás Rosales, presidente de la AMTM, señaló que México se encuentra en un punto de inflexión. La decisión, dijo, está entre seguir administrando el transporte bajo esquemas que ya muestran desgaste o comenzar a construir soluciones de largo plazo, con autoridades e instituciones capaces de gestionar técnicamente los retos de movilidad de las ciudades.
El costo de no actuar también fue parte de la conversación. Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex, recordó que los congestionamientos en las principales ciudades del país representan pérdidas por 94 mil millones de pesos al año, con la mitad de ese monto concentrado en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La inauguración del Congreso contó con la participación de César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien reconoció los desafíos de una capital que durante años fue diseñada bajo una lógica centrada en el automóvil particular. También destacó los avances en integración del transporte público, ciclovías, Metro y transporte concesionado.
Al cierre, el 17° CIT dejó una conclusión difícil de ignorar: si México quiere construir ciudades más funcionales, competitivas y humanas, el transporte público debe dejar de tratarse como un problema operativo de corto plazo. Requiere presupuesto, coordinación, técnica y voluntad política. Pero, sobre todo, requiere entender que mover mejor a las personas es también mejorar su vida diaria.
