Meta enfrenta una demanda de gran alcance en Estados Unidos por el presunto impacto de Facebook e Instagram en adolescentes y jóvenes. Cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— solicitaron sanciones por 1.4 billones de dólares, al argumentar que la compañía diseñó sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre usuarios menores de edad.
El caso coloca nuevamente en el centro la responsabilidad de las grandes tecnológicas sobre el diseño de sus productos. Las autoridades sostienen que Meta priorizó el tiempo de permanencia en sus plataformas y no informó adecuadamente sobre riesgos asociados al bienestar de los usuarios jóvenes.
De acuerdo con los documentos judiciales citados, el monto reclamado fue calculado a partir de las multas previstas en leyes estatales de protección al consumidor y del número de adolescentes y jóvenes presuntamente afectados. Meta rechazó la cifra y afirmó que se trata de una sanción sin precedentes y sin fundamento legal.
El juicio comenzará en agosto ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, en California. En una primera etapa se revisarán demandas presentadas por 29 estados relacionadas con posibles violaciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, COPPA, que limita la recopilación de datos personales de menores sin consentimiento parental.
De forma paralela, los cuatro estados impulsores buscarán demostrar que Meta incurrió en prácticas engañosas bajo leyes estatales de protección al consumidor. Otros 14 estados mantienen litigios similares, que serán revisados en un segundo juicio previsto para febrero.
Uno de los puntos centrales será el llamado “diseño adictivo”. Las autoridades argumentan que funciones de Facebook e Instagram fueron creadas para maximizar el uso de las plataformas entre jóvenes. Meta rechaza esa lectura y sostiene que la adicción a redes sociales no está reconocida oficialmente como trastorno clínico por la comunidad psiquiátrica.
El proceso avanzó después de que el juez consideró que aún existen preguntas relevantes por resolver. Entre ellas, si el diseño de las plataformas fue intencional, si la empresa hizo afirmaciones falsas sobre seguridad y si dirigió deliberadamente parte de sus servicios a menores de edad.
El caso forma parte de un escenario legal más amplio para Meta. En Nuevo México, un jurado determinó recientemente que la compañía debía pagar 375 millones de dólares por violaciones a la legislación estatal de protección al consumidor relacionadas con riesgos para menores. Ese litigio continúa abierto y podría derivar en nuevas medidas.
Más allá de la cifra solicitada, el impacto del juicio podría estar en el precedente regulatorio. Si los tribunales consideran que el diseño de una plataforma puede constituir una práctica engañosa o negligente, la decisión podría modificar la forma en que las empresas tecnológicas desarrollan productos, algoritmos y mecanismos de permanencia.
Para la industria digital, el caso refuerza una exigencia creciente: integrar seguridad, transparencia y protección de usuarios vulnerables desde el diseño. La innovación tecnológica ya no se evalúa solo por crecimiento o alcance, sino también por la manera en que gestiona riesgos sociales y protege la confianza pública.
