La estabilidad laboral sigue siendo uno de los principales pendientes del mercado de trabajo en México. De acuerdo con el Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 18.6 millones de personas asalariadas laboran sin un contrato estable.
La cifra equivale al 48% de los 39.3 millones de trabajadores con empleo remunerado y subordinado en el país. Esto significa que casi una de cada dos personas asalariadas trabaja sin la certeza jurídica que brinda un contrato escrito o una relación laboral permanente.
El informe también señala que esta condición aumentó en el último año. Frente al cuarto trimestre de 2025, se sumaron 135,999 personas a esta situación, lo que representa un crecimiento de 0.73%.
La falta de contrato estable limita la seguridad económica de las familias y debilita la protección efectiva de los derechos laborales. Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, este problema se agrava cuando las personas trabajadoras no cuentan con representación democrática en la negociación colectiva.
La población joven es una de las más afectadas. El 60% de quienes trabajan sin contrato estable tiene entre 15 y 29 años, mientras que el 42% corresponde a personas adultas de entre 30 y 64 años.
El reporte detalla que 15.8 millones de trabajadores no cuentan con ningún documento por escrito que formalice su relación laboral. Otros 2.8 millones laboran bajo contratos temporales, incluso cuando realizan funciones permanentes dentro de las organizaciones.
El uso de contratos temporales para puestos permanentes puede impedir la generación de antigüedad y facilitar la evasión de indemnizaciones en caso de despido. Por ello, la organización advierte que estas prácticas profundizan la precariedad y debilitan el derecho al trabajo digno.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recuerda que elaborar un contrato por escrito es responsabilidad del empleador. Su ausencia puede generar incertidumbre, aumentar la rotación y dificultar la resolución de conflictos laborales.
Sin embargo, la falta del documento no elimina los derechos de la persona trabajadora. La legislación mexicana protege las prestaciones y garantías derivadas de una relación laboral, incluso cuando esta no se haya formalizado por escrito.
La precariedad también se refleja en la representación colectiva. El Observatorio de Trabajo Digno reporta que 33.2 millones de personas asalariadas y subordinadas, equivalentes al 86%, no cuentan con afiliación sindical.
Para las empresas, fortalecer la formalidad laboral debe entenderse como parte de una agenda de responsabilidad social. Garantizar contratos claros, estabilidad, prestaciones y mecanismos de representación no solo responde a una obligación legal, también contribuye a construir organizaciones más sostenibles, productivas y confiables.
El panorama muestra que tener empleo no siempre significa contar con condiciones dignas. Avanzar hacia contratos laborales estables en México será clave para reducir la incertidumbre, proteger derechos y mejorar la calidad del trabajo en el país.
