ESG en la era Trump: Regulaciones, riesgos y el futuro de la sostenibilidad corporativa

Klaus Gérman Phinder, Presidente de la Revista Ganar-Ganar

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos representa un punto de inflexión para las estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el sector privado. Durante su administración anterior, Trump redujo regulaciones ambientales, retiró al país del Acuerdo de París y minimizó la supervisión de las políticas de diversidad e inclusión en empresas. Con su regreso, muchas corporaciones enfrentan un nuevo escenario donde los incentivos para adoptar prácticas ESG pueden debilitarse.

A pesar de este contexto, factores como las regulaciones estatales, los litigios y las presiones de inversionistas internacionales podrían mantener a ESG como una prioridad para muchas empresas. A continuación, analizamos los principales desafíos y cambios que se esperan en esta nueva fase.

1. Regulaciones ambientales: Menos control, más incertidumbre

El modelo ESG ha dependido en gran medida de regulaciones gubernamentales que exigen transparencia en el impacto ambiental y social de las empresas. Durante la administración de Joe Biden, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) propuso reglas que obligaban a las compañías a divulgar sus riesgos climáticos y su huella de carbono, pero estas medidas podrían ser revertidas bajo el nuevo gobierno.

Un punto clave es el debilitamiento de las políticas que obligan a las empresas a reportar emisiones de Alcance 3, es decir, las emisiones indirectas generadas en su cadena de suministro. De acuerdo con el Environmental Defense Fund, el 75% de la huella de carbono de una compañía proviene de estos procesos, lo que significa que una regulación menos estricta reduciría la transparencia sobre el verdadero impacto ambiental de las empresas.

En paralelo, el sector energético podría beneficiarse de un enfoque más laxo en controles ambientales. Trump ya ha expresado su intención de revertir políticas que limitan la extracción de combustibles fósiles, lo que podría generar un aumento en la producción de petróleo y gas. Esto podría elevar las emisiones de CO₂ en hasta 3,000 millones de toneladas anuales, según cálculos del Climate Action Tracker.

2. El auge del movimiento anti-ESG y su impacto en las empresas

Durante la administración Biden, ESG fue promovido activamente desde el gobierno federal, pero con Trump en el poder, el movimiento anti-ESG ha cobrado mayor fuerza. Algunos cambios esperados incluyen:

• Menos presión regulatoria: Se espera que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) flexibilice o elimine requisitos de transparencia ESG, reduciendo la obligación de las empresas de divulgar sus riesgos climáticos y de sostenibilidad.
• Estados republicanos penalizando ESG: Texas y Florida ya han impulsado leyes que excluyen a empresas con fuertes políticas ESG de administrar fondos estatales de pensiones.
• Inversionistas revaluando su postura: Fondos de inversión como BlackRock han reducido su apoyo público a iniciativas de sostenibilidad ante la presión de sectores conservadores.

Para las empresas, esto representa un dilema estratégico: mantener compromisos ESG podría generar conflictos con reguladores y clientes en mercados más conservadores, mientras que abandonarlos podría afectar su reputación ante consumidores e inversionistas que priorizan la sostenibilidad.

Impacto en diversidad e inclusión: fin del respaldo gubernamental

Otro de los cambios clave en ESG será la reducción del apoyo gubernamental a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Trump ha criticado estas iniciativas y su administración ha eliminado programas DEI en agencias federales, lo que podría influir en el sector privado.

Ya se han visto efectos en empresas como Meta, Walmart USA y McDonald’s, que han reducido sus equipos de diversidad y eliminado métricas específicas sobre equidad de género y contratación inclusiva. En algunos casos, estos cambios han sido impulsados por presiones políticas, pero también por temores a litigios, ya que algunos grupos conservadores han presentado demandas contra empresas con programas DEI, argumentando “discriminación inversa”.

En términos de talento, la reducción de estos programas podría impactar la atracción de nuevas generaciones de trabajadores, quienes priorizan ambientes laborales inclusivos. Según un estudio de Glassdoor, 76% de los empleados consideran que un entorno diverso es un factor importante al elegir un empleo, lo que sugiere que un retroceso en DEI podría afectar la competitividad de ciertas empresas en el mercado laboral.

Recortes en salud y cooperación global

Más allá del impacto en la gobernanza corporativa, otro aspecto clave es la reducción del financiamiento a programas de salud global. Trump ya ordenó la suspensión de medicamentos esenciales para el VIH, la malaria y la tuberculosis en países en desarrollo, lo que podría generar efectos colaterales en la imagen internacional de EE.UU.

• Se estima que 20 millones de personas con VIH perderán acceso a tratamientos financiados por EE.UU.
• Los programas contra la malaria y la tuberculosis podrían enfrentar un retroceso de hasta 15 años en avances sanitarios, según la OMS.
• La suspensión del financiamiento afectará la distribución de medicamentos materno-infantiles, poniendo en riesgo la salud de miles de mujeres y niños en regiones vulnerables.

Para algunas corporaciones, este cambio en la política exterior podría generar presión en sus estrategias de responsabilidad social. Empresas vinculadas a programas de salud y sostenibilidad global podrían verse obligadas a tomar un rol más activo en la compensación de estos recortes, especialmente en mercados internacionales donde ESG sigue siendo un estándar clave.

¿Qué pueden hacer las empresas en este nuevo contexto?

Con el debilitamiento de ESG a nivel federal, las empresas deben replantear sus estrategias para adaptarse a un entorno más incierto. Algunas claves incluyen:

• Diversificación de compromisos ESG: En lugar de depender de regulaciones federales, alinearse con estándares internacionales como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE.
• Mayor énfasis en datos verificables: Reducir el riesgo de litigios por “greenwashing” asegurando que los reportes ESG sean medibles y auditable.
• Estrategias flexibles en diversidad e inclusión: Ajustar las políticas DEI para equilibrar compromisos internos sin exponerse a litigios o conflictos políticos.
• Atención a regulaciones estatales: Aunque el gobierno federal reduzca su presión ESG, estados como California, Nueva York y Massachusetts seguirán impulsando normativas estrictas.

Un panorama fragmentado pero aún relevante

El impacto de Donald Trump en ESG no será uniforme. Mientras que a nivel federal se espera un retroceso en regulaciones y financiamiento, la presión de inversionistas, organismos internacionales y legislaciones estatales mantendrán estos temas en la agenda corporativa.

Las empresas que logren adaptar sus estrategias ESG a este nuevo entorno, equilibrando cumplimiento regulatorio con expectativas del mercado global, estarán mejor posicionadas para navegar esta nueva fase de incertidumbre. Aunque el gobierno federal minimice la importancia de ESG, el mundo sigue avanzando hacia modelos de negocio más sostenibles, y las compañías deberán decidir si se alinean con esta tendencia o asumen el riesgo de quedarse atrás.