La reducción de la pobreza multidimensional en México en los últimos años es un hecho, pero los avances siguen siendo insuficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Según datos del Inegi, el 61.7% de los mexicanos —más de 80 millones de personas— presenta al menos una carencia social, lo que evidencia que el crecimiento económico no siempre se traduce en bienestar.
Las carencias sociales reflejan la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda o seguridad social, y representan vulneraciones directas a derechos constitucionales e internacionales. Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, titular de la unidad especializada para la Medición de la Pobreza del Inegi, subraya que estas carencias “implican que las personas no tienen garantizados los mínimos sociales para acceder a un derecho reconocido por la Constitución”.
Carencias más graves: seguridad social y salud
La falta de acceso a la seguridad social sigue siendo el principal desafío: 48.2% de la población no cuenta con afiliación a instituciones como IMSS o ISSSTE. Esta ausencia implica no solo la falta de cobertura médica, sino también la exclusión de beneficios como ahorro para el retiro, protección ante accidentes laborales o acceso a crédito para vivienda.
En segundo lugar, el acceso a servicios de salud muestra un retroceso significativo: 34.2% de los mexicanos carece de cobertura, duplicando la cifra registrada hace ocho años. Esta situación constituye una violación directa al derecho a la salud, dejando a millones sin atención médica ni acceso a medicamentos básicos.
Educación, alimentación y vivienda: brechas persistentes
El rezago educativo afecta al 18.6% de la población, perpetuando la pobreza intergeneracional y limitando la movilidad social, sobre todo en zonas rurales e indígenas.
En materia de alimentación, 14.4% de los mexicanos no tiene acceso a una dieta nutritiva y suficiente, lo que impacta gravemente en la salud infantil y el rendimiento escolar.
Respecto a vivienda, 14.1% de los hogares carece de servicios básicos como electricidad, agua o conectividad, y 7% habita en condiciones precarias o sin espacios adecuados.
Desigualdad estructural y retos pendientes
Aunque algunos indicadores muestran mejoras frente a la última década, el avance es demasiado lento para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales asumidos por México. Las brechas territoriales, de género y socioeconómicas persisten, afectando especialmente a mujeres, trabajadores informales, comunidades indígenas y población rural.
Los datos evidencian que las carencias sociales no son simples cifras, sino un reflejo de desigualdad estructural que limita el ejercicio pleno de derechos. Garantizar acceso universal y de calidad a salud, educación, vivienda, seguridad social y alimentación es esencial para avanzar hacia un país más justo e inclusivo.
