Diputados de Movimiento Ciudadano impulsan en México una iniciativa para obligar a empresas y dependencias públicas a contratar jóvenes que buscan su primer empleo formal. La propuesta, presentada en la Comisión Permanente, plantea reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La medida busca atender la exclusión laboral juvenil, uno de los principales obstáculos para quienes intentan incorporarse al mercado de trabajo sin experiencia previa. El objetivo es abrir oportunidades formales para jóvenes que nunca hayan sido registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajadores.
La iniciativa propone que empresas con 40 empleados o más incorporen una cuota mínima de 5% de jóvenes sin registro laboral previo ante el IMSS. Además, la contratación deberá considerar criterios de igualdad de género para evitar que la medida reproduzca otras brechas dentro del mercado laboral.
De acuerdo con la exposición de motivos, miles de jóvenes enfrentan barreras para conseguir empleo por falta de experiencia, pocas oportunidades y prácticas de contratación que los empujan hacia trabajos informales, temporales o con bajos salarios.
El problema genera efectos de largo plazo. Sin acceso a empleo formal, muchos jóvenes quedan fuera de prestaciones, seguridad social, vivienda y mecanismos que permiten construir estabilidad económica desde los primeros años de vida laboral.
La propuesta también contempla sanciones para quienes incumplan la cuota juvenil. Las empresas podrían recibir multas de 50 a 2,500 UMAs, equivalentes a montos aproximados entre 5,865.50 pesos y 293,275 pesos, según la gravedad de la falta.
Con ello, los legisladores buscan que la incorporación de jóvenes deje de depender únicamente de la voluntad empresarial y se convierta en una obligación dentro de las relaciones laborales. La medida plantea que abrir espacios al primer empleo debe formar parte de una política más amplia de inclusión y trabajo digno.
El proyecto no solo incluye castigos. También propone estímulos fiscales para las organizaciones que generen empleos formales para jóvenes. A través de cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se plantea un beneficio equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a jóvenes contratados y registrados ante el IMSS.
La iniciativa también alcanzaría al sector público. Las dependencias e instituciones gubernamentales tendrían que cumplir con una cuota similar de 5% para incorporar jóvenes dentro de sus equipos.
En abril de 2026, senadores de Movimiento Ciudadano ya habían manifestado interés en avanzar con esta reforma. Sin embargo, por sus implicaciones fiscales, el análisis fue turnado a la Cámara de Diputados. Si logra aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La discusión coloca sobre la mesa una pregunta central para empresas, gobierno y sociedad: cómo garantizar que la falta de experiencia no siga siendo una barrera para iniciar una trayectoria profesional.
Más que una cuota o una multa, la propuesta abre un debate sobre responsabilidad empresarial, inclusión laboral y desarrollo económico. Dar una primera oportunidad formal a los jóvenes puede ayudar a reducir desigualdades, fortalecer el talento disponible y construir un mercado laboral más estable.
