Agua: ¿Cumplimiento o Posicionamiento Estratégico?

Agua: de un simple permiso a un riesgo de continuidad y legitimidad

La nueva Ley General de Aguas reglamenta el derecho humano al agua y saneamiento, distribuye competencias, refuerza la gestión equitativa y sustentable de los recursos hídricos y establece las bases para la regulación de los sistemas de captación de aguas pluviales.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales cambia la conversación en las salas de consejo: no basta con saber que se requiere agua para la operación, hay que conocer la situación de disponibilidad y calidad de la cuenca hidrológica y acuífero, las fuentes de obtención del agua, el volumen concesionado, la vigencia, el cumplimiento administrativo y fiscal, las descargas, la medición, los consumos reales, la trazabilidad y las condiciones de prórroga, entre otros.

En adquisiciones, arrendamientos, financiamiento de activos, fideicomisos y desarrollos inmobiliarios, plantas industriales o agroindustria, la gestión hídrica responsable se vuelve fundamental a la par de la debida diligencia en materia de titularidad de inmuebles, ambiental, uso de suelo, permisos y riesgo litigioso, para la continuidad del negocio.

La eliminación o restricción a las transmisiones de derechos y usos temporales entre particulares y los cambios de uso de concesiones convierten al agua en una variable fundamental en la estructuración de operaciones, la valuación de activos y en los términos y condiciones contractuales, incluyendo declaraciones, obligaciones, garantías e indemnizaciones. En ciertos sectores, la disponibilidad y estabilidad regulatoria del agua ya es un elemento relevante en procesos de debida diligencia, financiamiento, adquisición, desinversión o expansión de proyectos.

El incremento en trámites vía digital y un aumento en la recaudación y fiscalización obligan a contar con el debido soporte documental e información confiable de los títulos, medidores, pagos, descargas, reúso y contingencias regulatorias. La historia de los sistemas informáticos administrativos en México, particularmente en la Comisión Nacional del Agua, nos señala la alta probabilidad de fallas y colapsos. Si las Ventanillas de trámites digitales llegan a fallar o presentar intermitencias, el riesgo de incumplir o de no presentar información en los términos legales se traslada al gobernado, lo que puede ocasionar pérdidas de derechos o costos relevantes.

Las reformas han endurecido e incrementado las sanciones administrativas, al tiempo que han tipificado nuevas conductas como delitos hídricos. Esto obliga a las empresas a realizar inversiones en modernización o nueva infraestructura de tratamiento, monitoreo telemétrico y otras herramientas para reducir o eliminar riesgos de interrupciones operativas, legales y reputacionales.

Los nuevos marcos legales en materia de agua no son una lista de trámites adicionales que deberán cumplir nuestras empresas, sino que representan una comprobación de la gobernanza para los consejeros que pone a prueba su calidad y nivel de madurez, y qué tan rápido puede el Consejo convertir la incertidumbre que genera esta nueva regulación en información, decisiones e inversiones, en una ventaja competitiva y resiliencia para la empresa.

Los Consejos de empresa que anticipen este nuevo régimen con una estrategia adecuada, soportada con las métricas e información correcta, y capacidad de ejecución, serán aquellos que aprovecharán las oportunidades que dichas reformas representan, dándoles viabilidad a largo plazo y ventajas competitivas.

La relevancia de los cambios legales y regulatorios en materia de agua

La relevancia de los cambios legales y regulatorios en México en materia de agua requiere que ésta sea llevada a la agenda del Consejo de Administración. No basta con que la empresa cumpla con sus obligaciones, sino que debe de saber si cuenta con los sistemas, información y gobernanza eficiente en materia de clima y naturaleza que le permita aprovechar oportunidades, negociar, financiarse, operar y crecer bajo un nuevo régimen legal para el uso y aprovechamiento de los recursos críticos esenciales en sus operaciones.

El Estado está asumiendo mayor control en el sector del agua y está trasladando a las empresas mayor responsabilidad sobre el ciclo de vida de los recursos que utilizan. En este contexto, el acceso efectivo y uso del agua, así como el tratamiento de las descargas de aguas residuales, afectan los costos, la continuidad, el financiamiento, la reputación, los contratos, la cadena de suministro, los permisos y las obligaciones de divulgación de la empresa.

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