Pobreza, pobreza extrema y desigualdad en América Latina
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe
La CEPAL lanzó en Chile su informe Panorama Social 2018, el cual incluye nuevas revisiones de la metodología utilizada por el organismo para estimar la pobreza monetaria en la región, así como nuevas mediciones sobre desigualdad funcional, gasto social y doble inclusión laboral y social.
La tasa general de pobreza -medida por ingresos- se mantuvo estable en 2017 en América Latina, después de los aumentos registrados en 2015 y 2016, sin embargo, la proporción de personas en situación de pobreza extrema continuó creciendo, siguiendo la tendencia observada desde el 2015, así lo informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30.2% de la población), de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza (10.2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008), de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina 2018 presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, en conferencia de prensa en Santiago, Chile. Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde el 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, alertó Alicia Bárcena, quien, frente a los desafíos que se enfrentan, llamó a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.
Al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.
“Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la CEPAL.
Debido a la actualización, en 2015, de la metodología utilizada por la CEPAL para medir la pobreza monetaria, y a las posteriores revisiones realizadas por el organismo, las cifras incluidas en esta edición del Panorama Social difieren de las divulgadas en el último informe publicado en diciembre de 2017 y en anteriores.
A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51.4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11.2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde el 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, legando a 894 dólares. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.
Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL.
En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50.2% y 74.4% respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino (10.4%) se mantuvo por sobre el de los hombres (7.6%). Más de la mitad de las mujeres ocupadas (51.8%) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82.2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.
La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77% del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo.
“Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad”.
A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51.4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11.2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde el 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.