UNICEF analiza cómo proteger la inversión en la niñez en tiempos de crisis económica

Los efectos de la crisis económica en el bienestar y en los derechos de niños, niñas y adolescentes, las estrategias de gobierno y el financiamiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015, así como la manera en que invierten los gobiernos de América Latina y el Caribe en este sector de su población son algunos de los temas que se abordan en el Seminario Internacional: Hacia una mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible .

El objetivo principal de este seminario es colocar en la agenda pública y política la importancia que tiene la inversión en la infancia como una forma de lograr que todos los niños y niñas vean cumplido su derecho a sobrevivir, alimentarse adecuadamente, gozar de buena salud, recibir una educación de calidad y a ser protegidos contra la violencia, el abuso y la explotación.

Convocado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), este evento internacional reúne alrededor de 300 personas de la región de Latinoamérica y el Caribe y el mundo.

Como expresión más concreta de las prioridades de un país, el presupuesto es lo que hace posible que cada niño y niña realice su máximo potencial. La inversión pública oportuna en salud, nutrición y educación, protección y participación de los niños, niñas y adolescentes es una herramienta estratégica para romper el ciclo intergeneracional de pobreza y reducir la desigualdad , dijo Christian Skoog, Representante de UNICEF en México.

México ha hecho progresos importantes para identificar el gasto en la infancia, tanto a nivel federal como local, pero las asignaciones presupuestarias son todavía insuficientes y reducidas para permitir el cabal cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo para los que viven en pobreza.

Desde 2013, UNICEF y diversos socios han promovido anualmente encuentros regionales sobre inversión en la infancia en América Latina y el Caribe: en Colombia (2013), Perú (2014) y Ecuador (2015), con el propósito de intercambiar experiencias y conocimientos, además de fortalecer compromisos en torno a la inversión en la niñez.

La importancia que tiene la cooperación internacional, en especial la cooperación sur-sur, para facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas que permitan acercar soluciones y desarrollar esquemas innovadores de atención a las prioridades nacionales que a su vez, coadyuven al pleno cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional, regional y global , destacó Gina Casar, Directora Ejecutiva de la AMEXCID.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, aseguró que Invertir en la infancia y la adolescencia es la mejor decisión de política económica y social que puede tomar un país, pues esa inversión trae beneficios para el goce de derechos de este grupo de población, además de que propicia el desarrollo y crecimiento económico de los países .

Se apuesta por poner fin a la mortalidad entre recién nacidos y niños menores de cinco años, poner en marcha medidas para acabar con todas las formas de desnutrición, promover la alimentación sana y nutritiva de la niñez, eliminar la pobreza infantil en todas sus dimensiones, velar por la educación primaria y secundaria gratuita y de calidad, asegurar acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, eliminar la violencia contras mujeres y niñas, y poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños y niñas antes del 2030.

La Observación General No. 19 sobre Inversión Pública en la infancia del Comité de los Derechos del Niño, establece que en tiempos de crisis económica, las medidas regresivas sólo pueden ser consideradas después de evaluar todas las demás opciones y se debe asegurar que las niñas y los niños son los últimos en ser afectados, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad y también establece que los Estados Parte deben demostrar que tales medidas son necesarias, razonables, proporcionadas, no discriminatorias y temporales y que por lo tanto todo derecho afectado será restituido tan pronto como sea posible.