Impacto de la discriminación en la inclusión financiera

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Por Luciano Pérez

El 1º de marzo se celebra el Día para la Cero Discriminación, establecido por las Naciones Unidas como una herramienta para combatir la discriminación.

El derecho a la no discriminación es un principio fundamental humano. Son varios instrumentos internacionales de mucha relevancia que lo contemplan, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948 y el Convenio Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) de 1958.

El derecho a la no discriminación toma mayor relevancia bajo los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 establecidos por las Naciones Unidas. En particular, para poder cumplir con el Objetivo Quinto (Igualdad de Género) y el Objetivo Décimo (Reducción de las Desigualdades) es fundamental que se establezcan las normas, procesos y demás acciones necesarias para garantizar la no discriminación. No puede entenderse que hay igualdad de género cuando existe discriminación hacia las mujeres, o que existen las mismas oportunidades de desarrollo cuando las poblaciones vulnerables están privadas de servicios por discriminación.

En México, lamentablemente, la discriminación sigue estando muy presente. Conforme a la Encuesta Nacional sobre Discriminación elaborada desde el 2017 por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), se estima que 20.2 % de la población de 18 años y más, fue objeto de algún tipo

de discriminación en los últimos doce meses. Asimismo, conforme al estudio realizado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), existe una fuerte discriminación del sector financiero mexicano a mujeres, habitantes de zonas rurales, pueblos indígenas, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

México tiene implementado un marco regulatorio para combatir la discriminación. Nuestra Constitución Política, en su Artículo 1º, consagra el derecho a la no discriminación al establecer la prohibición a toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), reglamentaria del Artículo 1º constitucional. Las entidades federativas también han promulgado sus propias leyes locales contra la discriminación. Además, existen otras leyes importantes que establecen o refieren al derecho de no-discriminación, entre otras, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad publicada en 2011 y la Ley General de Salud.

 

Es fundamental que se establezcan normas, procesos y las acciones necesarias para garantizar la no discriminación

 

En materia financiera, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que tiene como principal objetivo establecer disposiciones mínimas de protección al consumidor de servicios financieros, establece casos particulares que se consideran prácticas discriminatorias. En resumen, se entiende como práctica discriminatoria en materia financiera, cualquier acto o práctica que limite, restrinja o impida a cualquier persona en igualdad de condiciones la contratación de algún producto o servicio cumpliendo con los requisitos establecidos por las entidades.

Otras leyes en materia financiera incluyen referencias generales a la prohibición de llevar actos discriminatorios,  entre ellas la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas.

A pesar de que contamos con un marco legal que protege el principio a la no discriminación en el sector financiero, sigue siendo evidentemente insuficiente. Nuestra normatividad especialmente la del sector financiero debe ser reformada para incorporar los casos expresos que constituyen actos discriminatorios, acorde al tipo de sector, y las autoridades deben capacitarse para poder aplicar la ley correctamente y sancionar activamente cuando existan casos de discriminación.

Las instituciones del sector financiero mexicano tienen una gran oportunidad de implementar medidas, procedimientos y políticas concretas para evitar estas prácticas, logrando así sumar o reforzar sus compromisos de desarrollo sostenible en México.=

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