Coparmex urge a crear una Ley General contra la extorsión ante el aumento del delito
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió sobre el incremento de la extorsión en México, un delito que ha impulsado la violencia e inseguridad en diversas regiones del país. Ante esta situación, el organismo empresarial propuso la creación de una Ley General contra la Extorsión, con el fin de unificar criterios, fortalecer la acción de las fiscalías y coordinar responsabilidades entre autoridades de todos los niveles de gobierno.
Coparmex alertó que los grupos criminales han diversificado sus métodos para extorsionar a empresas, pequeños comercios e incluso a la población en general. Entre sus prácticas, incluyen el cobro de “protección” a migrantes y comerciantes, simulando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos, con la complicidad de algunos servidores públicos.
Uno de los principales obstáculos en el combate a la extorsión es la falta de tipificación uniforme en los códigos penales estatales. Actualmente, existen alrededor de 20 modalidades de extorsión, pero los códigos penales de los estados solo reconocen menos de la cuarta parte.
La cifra negra y el impacto económico
La confederación destacó que la cifra negra del delito es alarmante. Según datos del INEGI, el 96.7% de las víctimas no denuncian por miedo a represalias, tanto de los grupos criminales como de funcionarios corruptos.
En términos económicos, la extorsión frena el crecimiento empresarial, ya que los negocios deben destinar recursos para pagar cuotas impuestas por delincuentes o reforzar medidas de seguridad. Se estima que en 2023, las pérdidas por extorsión superaron los 26 mil millones de pesos.
En enero de 2025, se registraron 923 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento del 13.3% respecto al mes anterior.
Coparmex exige reformas legales
Ante este panorama, Coparmex reiteró la urgencia de reformar la Constitución para combatir eficazmente este delito. La propuesta busca fortalecer el trabajo de las fiscalías, mejorar la coordinación interinstitucional y cerrar vacíos legales que permiten la impunidad.
La confederación insistió en que la falta de acciones contundentes solo fortalece a los grupos criminales, afectando la seguridad y la estabilidad económica del país. Por ello, instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para crear un marco legal sólido que proteja a los ciudadanos y a las empresas de este delito en expansión.
